Federación de Enseñanza de CCOO de Aragón | 20 julio 2024.

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El Área Pública de CCOO valora la sentencia del TJUE al considerarla un nuevo revés a las políticas de contratación llevadas a cabo por las administraciones públicas

    El sindicato, en una primera valoración de la Sentencia del TJUE sobre la situación de abuso de la temporalidad, en este caso más flagrante si cabe tratándose de personal laboral reconocido en fraude de ley por el propio Tribunal Supremo, entiende que, además de dar una solución de estabilidad en el empleo, debe servir para poner fin al fraude y abuso en la contratación en las administraciones públicas.

    23/02/2024.
    CCOO seguirá trabajando por la estabilidad, la recuperación del empleo público y el reconocimiento a la mejora de las condiciones de trabajo y salariales de las empleadas y empleados públicos

    CCOO seguirá trabajando por la estabilidad, la recuperación del empleo público y el reconocimiento a la mejora de las condiciones de trabajo y salariales de las empleadas y empleados públicos

    Esta nueva Sentencia del TJUE, sobre el fraude en la contratación y transposición de directiva 1999/70/CE sobre abuso de la temporalidad en el ámbito público, se circunscribe a tres supuestos concretos, pero no por ello gravísimos en el ámbito laboral (no funcionarial), puesto que se trata de personal con reconocimiento del Tribunal Supremo en abuso de temporalidad desde hace años al que las administraciones públicas no han dado solución.

    Se trata de personal que tiene reconocida la figura de “indefinido no fijo” por jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), hecho que reconoce el fraude en la contratación, a la vez que preserva la garantía de acceso al empleo público bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución española.

    En este caso el TJUE pone en cuestión varias materias y/o medidas contempladas en el RDL 14/2021, Ley 20/2021 y PGE 2018 respecto al cumplimiento de la directiva sobre abuso de la temporalidad respecto al personal laboral indefinido no fijo, ya que esto debería haberse resuelto hace varias décadas.

    El hecho de poner en cuestión los procesos de consolidación o estabilización como medida para combatir el abuso en la contratación es algo que comparte este sindicato, puesto que permiten caminar hacia la reducción de la alta tasa de temporalidad y estabilizar las plantillas, pero esto no puede ser, en ningún caso, una medida disuasoria contemplada en la cláusula quinta de la Directiva, según los acuerdos suscritos en la Función Pública, sino que debe ser en clave de sanción y responsabilidad, como así está concretado.

    Estos acuerdos establecen la puesta en marcha de procesos de estabilización en el empleo, compensaciones económicas y cláusulas sociales para dar solución definitiva al abuso de la temporalidad, además de instar a las administraciones públicas a implantar sanciones ejemplares en la responsabilidad que les compete, todo ello recogido en la Ley 20/2021, además de procesos extraordinarios, sin que esto suponga el derecho que asiste al personal afectado para iniciar acciones legales y, a la vez, modificaciones establecidas en el propio TREBEP para evitar futuros fraudes en la contratación.

    Por ello, desde el Área Pública, conociendo que hay más de 500.000 plazas convocadas en todas las administraciones públicas y el sector público, de las que ya hay un alto porcentaje de personas que han podido adquirir la fijeza y que aún quedan pendientes de resolver un buen número de ellas, queremos dar tranquilidad al personal, esperando que este año, que finaliza el proceso de estabilización en el empleo comprometido con la Unión Europea, este pueda resolverse favorablemente, a la vez de acometer el necesario rejuvenecimiento de las plantillas y el reconocimiento a su carrera y promoción profesional, hecho del todo legítimo y necesario.

    CCOO seguirá trabajando por la estabilidad, la recuperación del empleo público y el reconocimiento a la mejora de las condiciones de trabajo y salariales de las empleadas y de los empleados públicos.