Son menos de 200 kilómetros, pero la distancia que separa a un profesor aragonés de uno vasco es de todo un mundo. Hasta 500 euros de diferencia salarial según el cuerpo docente y experiencia, dos horas más lectivas a la semana –que tiene más implicaciones que añadir 120 minutos de aula al horario– y una probabilidad mucho más alta de tener una plaza temporal marcan la diferencia entre unos y otros. El profesorado de Aragón es el que peores condiciones laborales tiene de toda España, según denuncian los sindicatos y parecen confirmar las estadísticas.

“Si unimos nuestra última posición en materia de retribuciones, nuestro liderazgo en cuanto a horas lectivas y la alta tasa de interinidad, nos convierte en el profesorado con las peores condiciones laborales del Estado”, sostiene un informe elaborado por la sección aragonesa de Educación de CCOO. Y para los profesionales la diferencia monetaria es el menor de sus problemas.

“Tener 20 horas lectivas en vez de 18 [como tienen en otras regiones] afecta al funcionamiento de todo el centro”, explica Eva Bajén, directora del IES Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros. “Merma las posibilidades de coordinarnos para muchas de las tareas, dificulta organizar las guardias y provoca que tengamos que utilizar nuestro tiempo personal para cuestiones rutinarias como corregir o preparar clases”, argumenta.

Preguntada la Consejería de Educación al respecto, un portavoz explica que conocen el informe de CCOO, señala que la cuestión salarial está igual que en otras comunidades –y es cierto, en un empate por la cola– y apunta que justo este viernes el Gobierno regional ha aprobado una convocatoria de oposiciones por la que salen 802 plazas para reducir la temporalidad, una medida obligada por Bruselas, que ha mandado a España reducir la temporalidad en las administraciones públicas al 8% en tres años.

En el último lugar de la tabla

Las variables básicas que definen las condiciones de trabajo de un profesor son tres: salario, horas lectivas semanales y temporalidad, no necesariamente en ese orden. También están las ratios de alumnos por clase (o por profesor, hay diferentes maneras de medirlas), pero estas quedan fuera de este análisis porque, entre otras cosas, son más variables. Aterrizadas en cifras, ninguna deja bien a Aragón. “Es la quinta comunidad en PIB, la tercera en calidad de vida, nuestro presidente es el cuarto que más cobra, pero los docentes el número 18”, explica Guillermo Herraiz Medel, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO en Aragón.

Un profesor de Secundaria de la región tienen un salario equiparable al de otras comunidades cuando empiezan su carrera (2.512 euros brutos mensuales), pero luego se desarrolla menos que en otras regiones, según un estudio de UGT: con diez años de carrera son 2.739 euros mensuales, la cifra más baja de España, y con 15 son 2.935 euros. El informe de CCOO estipula unas ganancias medias de 30.955 euros anuales para maestros y 34.726 para profesores, ambos en el último lugar de la tabla, cuando en Euskadi superan, respectivamente, los 35.000 y 40.000 euros anuales (un 13% más), y eso no incluye Ceuta y Melilla, que premian su particularidad geográfica y son los lugares de España donde más se cobra por enseñar, con retribuciones que pueden superar los 40.000 euros anuales brutos.

Las diferencias en las nóminas entre comunidades hay que buscarlas en las retribuciones salariales complementarias, que dependen de cada Gobierno regional. Los complementos de destino, específico (ligados al desempeño de diferentes cargos) y de formación (los sexenios) marcan la diferencia, en este caso para mal.

Del asunto salarial los docentes no tienen mucho que decir. Más allá de la injusticia que sienten, del agravio comparativo, la situación no merece mayor reflexión porque estrictamente no tiene impacto en la práctica docente. “Para nosotros lo importante –cuenta una profesora– es la carga lectiva”.

También tienen motivos de protesta por aquí. El análisis de esta variable también deja en el último lugar a los docentes de la comunidad que dirige el socialista Javier Lambán. En 2019, el Gobierno central aprobó un Real Decreto que venía a derogar la subida de horas lectivas (entre otros recortes) que impuso el exministro José Ignacio Wert en 2012 con carácter general. Pero, a diferencia de aquel del PP, este nuevo RD de 2019 no imponía, sino que recomendaba y dejaba la decisión en manos de las comunidades, que eligieron diferentes caminos. Aragón optó por quedarse la última: sus maestros tienen 25 horas lectivas semanales (la nueva recomendación es de 23) y sus profesores 20 (se sugieren 18 como mucho).

Les acompañan en esta estadística para el cuerpo de Secundaria las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y el territorio que gestiona el Ministerio (Ceuta y Melilla), mientras La Rioja, Euskadi, Navarra, Andalucía, Asturias, Galicia, la Comunitat Valenciana y Canarias han bajado a las 18 horas semanales. El resto está en 19 o tiene un acuerdo para estarlo el próximo curso. En Primaria es parecido: Navarra, Euskadi, la Comunitat Valenciana y La Rioja tienen 23 horas lectivas, Castilla y León, Cantabria y Catalunya 24 y el resto acompañan a Aragón con 25.

Esta puede parecer una diferencia menor, pero no lo es en absoluto, advierten las profesionales. “Dos horas lectivas más parece poco, pero es mucho en relación a la calidad de la docencia”, explica Verónica, profesora de Matemáticas de Secundaria. “Dos horas más de clase puede suponer tener un grupo más de alumnos. Y esas dos horas se transforman en cinco o seis semanales: hay que preparar las clases, buscar ejercicios, tener materiales, corregir, dedicar tiempo a las familias de este alumnado extra, preparar exámenes, más burocracia. Me supone quitarme ese tiempo de mi tiempo libre”, trata de ilustrarlo.

La directora Bajén también lo sufre a la hora de gestionar su centro. “Tenemos 27 horas de permanencia en el centro, que incluyen otras cinco mensuales para tardes con claustros, evaluaciones, guardias y, si somos tutores, tenemos que atender las tutorías también: reunirnos con la jefa de estudios, reuniones con el departamento de orientación, una hora para padres... ¿Cuánto me queda para coordinarme con otros compañeros para realizar proyectos? No hay manera de hacerlo dentro del horario, lo tengo que hacer fuera”, empieza. “Con los compañeros que están en el Consejo Escolar del centro no puedo contar para las guardias en los recreos, no tenemos horas para coordinación si tenemos proyectos transversales que incluyan varias áreas, por ejemplo”, continúa. Dos horas parecen pocas, señala la directora, pero pueden ser la diferencia entre dedicar tiempo personal al trabajo y no hacerlo.

Un 40% de temporalidad

La tercera pata de las condiciones laborales también le cojea a Aragón. La comunidad es, según los datos de CCOO, la que más trabajadores interinos tiene. Cuatro de cada diez profesores de la comunidad ocupan una plaza de interino, a millas de distancia del 5% de Galicia, el 13% de Andalucía o el 14% de Madrid, según datos del sindicato. Esta es la única categoría en la que la vecina Euskadi sí está cerca de Aragón.

Y la temporalidad es otra dificultad añadida, tanto a nivel individual por razones obvias como a nivel organizativo para los centros. “En mi IES, de los 72 profesores de plantilla 42 son de nueva incorporación este curso, casi un 60%”, ilustra la directora Bajén, que explica el problema que supone: “Para llevar a cabo los proyectos tienes que enseñar cómo funciona el centro con toda su complicidad, sus 500 alumnos y 72 profesores. Así, llevar a cabo proyectos es complicado. Es como empezar de cero cada año. Hay que enseñar cómo funciona la convivencia, la atención en los recreos, las guardias... Y para los proyectos que requieren una mayor especialización hay que formar al profesorado también. Afecta mucho a la calidad de la docencia y a que podamos dar continuidad a los proyectos”.

Verónica, interina, ilustra el coste de la temporalidad: “Cada año tengo alumnos nuevos, ciudad nueva, compañeros nuevos, jefes nuevos... Cada instituto funciona de manera muy diferente: en cada uno hay una metodología y unos libros. En uno hay portátiles para todos, en otro hay solo un aula de informática. Solo puedo realizar proyectos de un año”.

Y esa es la parte profesional. También tiene un peaje personal: “Tengo dos pagos: el alquiler de mi pareja y el mío, además de que no vivimos juntos, solo nos vemos los fines de semana. Llevo años así”. Los veranos, cuando Verónica espera destino, también son angustiosos: “De un año para otro incertibumbre, nervios... Muchos años te daba el 30 de agosto y ni sabías donde ibas, hacías la maleta sin saber cuál sería el destino”.

Herraiz, de CCOO, recuerda que en 2017 se había alcanzado en el Consejo Escolar de Aragón un pacto social por la Educación en la región, que en 2019 sirvió de base para un pacto político del que presumió el presidente Lambán por la rareza de este tipo de acuerdos en cualquier nivel administrativo. Aquel texto estipulaba que “la administración educativa debe establecer medidas eficaces que conduzcan al reconocimiento profesional y social de la labor docente”, según se lee en el propio documento, e introducía medidas como “recuperar la proporción de tiempo lectivo y complementarios en el horario del profesorado” o “garantizar una oferta de empleo público anual suficiente para (...) reducir en el menor tiempo posible (...) la interinidad al 8%” o recuperar las condiciones salariales previas a los recortes, entre otras.

Ese documento se daba la legislatura para cumplir. Mucho habrá que correr este verano.